El presidente brasileño Jair Bolsonaro mostró su fuerza en las calles al movilizar buena parte de sus seguidores en manifestaciones por el día de la independencia brasileña, pero puede haber debilitado su juego político e institucional al atacar nuevamente a la Corte Suprema y decir que no cumplirá más órdenes ni decisiones de sus jueces. Políticos, magistrados y líderes brasileños reaccionaron el miércoles con críticas y acciones que pueden pavimentar el camino de su destitución.
El líder de la oposición en el Senado, el senador Randolfe Rodrigues, presentará una notificación penal ante la máxima instancia judicial brasileña, para pedir la investigación de Bolsonaro por esa amenaza, por desconocer las decisiones del Supremo y exigir la deposición del magistrado de esa corte, Alexandre de Moraes. Principal blanco de Bolsonaro el martes, Moraes investiga casos de noticias falsas y crímenes en internet, que envuelven a bolsonaristas, al presidente y sus hijos.
Rodrigues pide que se investiguen dos asuntos: el «ataque contra el orden constitucional, el Estado de Derecho democrático y la separación de poderes», y la posible financiación de los actos del 7 de septiembre, con «uso indebido de la máquina pública, dinero público, y helicópteros, en favor de estos actos».
Los ataques del presidente también provocaron la reacción entre los líderes de algunos partidos, que aún lo apoyaban, y ahora proponen discutir su destitución. El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), convocó por primera vez a su dirección para debatir el tema, y sus precandidatos presidenciales, los gobernadores, de São Paulo, João Doria, y de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifestaron el martes a favor de la destitución.
«Mi posición es por el ‘impeachment’ del presidente Jair Bolsonaro, después de lo que escuché hoy, desafiando claramente la Constitución», afirmó Doria, dejando claro que era la primera vez que se manifestaba en un tema en que se había mantenido neutral. En 2018, Doria apoyó la candidatura de Bolsonaro para conseguir parte de sus votos del interior de São Paulo, que lo ayudaron a elegirse como gobernador.
«Tenemos evaluaciones de algunos juristas importantes que señalan que sólo los discursos, las manifestaciones, serían razones suficientes para justificar el proceso (de destitución)», declaró el exalcalde de São Paulo, Gilberto Kassab, que preside el Partido Social Democrático (PSD), parte de la base de Bolsonaro en el Congreso.
Líderes de otros partidos también manifestaron que deben presionar al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lima, aliado de Bolsonaro, que guarda en un cajón unas 124 solicitudes de impeachment. En una columna, el diario O Estado de São Paulo, insinuó que Lira podría estar interesado en la destitución de la plancha presidencial, pues sería el tercero en la línea sucesión, en el caso de que el vicepresidente, el general Hamilton Mourão, también sea depuesto.
Los principales medios brasileños también criticaron duramente la forma en que el presidente avivó las multitudinarias marchas, que en la ciudad de São Paulo, superó las 100 mil personas. «Para él, (Bolsonaro) el 7 de septiembre nunca fue el día D, sino un paso más en un proyecto de demolición de las instituciones para intentar mantenerse en el poder en cualquier escenario electoral y criminal», afirmó en uno de los editoriales de la cadena Globo, la periodista Renata Loprete.
Bolsonaro aún tiene el apoyo incondicional de un 19% del electorado, equivalente a unos 29 millones de brasileños, pese a que su popularidad sigue cayendo con el agravamiento de la crisis económica y casos de corrupción que empañan su Gobierno. Al final de las manifestaciones del martes, se oyeron cacerolazos contra Bolsonaro en casi todo el país.
