El lema «no hay libertad sin solidaridad», que ha trascendido las fronteras polacas y sus luchas sindicales protagonizadas por Solidarność (cuya historia comenzó en los astilleros de Gdańsk), resuena aún en la hoy pujante Polonia, que no olvida las luchas mineras contra el régimen comunista. En pleno pulso con Bruselas en sus numerosos frentes, desde el judicial al del cambio climático, el primer ministro polaco Mateusz Moraviecki, acompañado por Piotr Duda, líder del histórico sindicato polaco Solidarność, honraba el pasado viernes el 41 aniversario del Acuerdo de Jastrzebie, en la localidad Jastrzębie-Zdrój (en el sur de Polonia), preludio de la caída del comunismo.
En 1980, la localidad alto-silesiana fue escenario de huelgas masivas del sector minero que obligaron al Gobierno comunista a mejorar las condiciones laborales de los mineros con medidas que iban desde las subidas salariales a los fines de semana libres. «Si la mina no se hubiera declarado en huelga, si otras plantas no se hubieran declarado en huelga por ella, ¿habría surgido Solidarność? Yo creo que no. Por supuesto, nunca lo sabremos, pero es el hecho de que una planta tras otra se levantaron con postulados similares; esto hizo que fueran más fuertes, más grandes y más poderosas. Este hecho provocó que toda Polonia se convirtiera en terreno para la Insurrección de Solidarność que las autoridades comunistas ya no pudieron extinguir», pronunció el primer ministro Morawiecki en su discurso del viernes ante el monumento levantado en honor a las protestas.
De un pequeño pueblo de apenas 5.000 habitantes a mediados del siglo XX, dedicado al spa desde 1860, la minería hizo crecer casi de la nada a Jastrzębie Zdrój. En plena frontera con la República Checa, se convirtió en tres décadas en una de las ciudades (90.000 habitantes) con mayor renta per cápita del país.
Entre los años 60 y 70, se inició la construcción de minas, hasta un total de cinco, y urbanizaciones para los desplazados de otras regiones atraídos por las grandes condiciones de trabajo. En la última década, la tasa de desempleo en la localidad ha caído del 8,9% al 5,7%. Actualmente, más de 20.000 de los habitantes de la ciudad trabajan en las minas.
Aquí más de uno echa de menos el comunismo
Sin embargo, la herencia del pasado lastra la transformación económica de la zona, que no ve otro horizonte que el del carbón. «Aquí más de uno echa de menos el comunismo», señala la presidenta del municipio Anna Hetman,. No en vano, subraya Hetman, «en la época comunista, los mineros tenían muchas ganancias e incluso recibían pisos por instalarse aquí». «Los altos salarios y la seguridad laboral del sector están reduciendo la creatividad de las personas y provocando que no estén interesadas en iniciar su propio negocio. Sumado a la dependencia del sector minero, el modelo cultural y familiar donde el marido trabaja y la mujer trabaja como ama de casa está provocando la despoblación de la región», agrega.
El carbón coquizable -empleado para la producción de acero y que es el mayoritario en el municipio- ha sido declarado recurso estratégico de la Unión Europea, por lo que se espera que la transición sea más lenta que la de carbón duro. Aunque el horizonte sea 2050, la alcaldesa de la localidad pretende recurrir al Fondo de Transición Justa para diversificar la economía local. Sin embargo, la apertura de nuevas minas y el de nuevas licencias de minas por parte de las autoridades polacas supondría, según explican fuentes europeas a este diario, que la partida reservada para la región del flamante Fondo de Transición Justa, con un presupuesto global de 17.500 millones de euros y elemento clave del Pacto Verde para las regiones mineras, no llegue a Alta Silesia.
Desde el ayuntamiento ahora buscan rescatar su etapa como pueblo balneario, condición perdida en 2007, para diversificar la economía ante una potencial decadencia de su minería. Esta localidad se encontraba entre las siete con un mayor índice de mortalidad por partículas de aire contaminado en Europa, según un estudio de The Lancet.
Fondo de Ttransición Justa
Sin renunciar a la transformación económica de la zona, el ayuntamiento busca la manera de apoyar a los mineros que se verán obligados a cambiar de industria: se establecerán nuevas empresas de tecnología en la zona y se ampliará significativamente la oferta de servicios turísticos asociados a las aguas termales. «El problema es la apertura de nuevas minas y es imposible bloquear las concesiones en el Ministerio de Clima. Esto puede excluir a subregiones enteras de solicitar fondos. La posición de la Comisión es inequívoca: una mina abierta descalifica a toda la subregión», dicen desde Jastrzebie-Zdroj.
Precisamente esta semana se cumplían también 100 días de actividad ilegal de la mina de Turow, que bajo la dirección de la empresa estatal PGG, con la que este diario se trató de poner en contacto sin éxito, provee lignito a la planta de electricidad de la zona que a su vez genera el 5% de la electricidad de Polonia. Más de un 70% de la red eléctrica polaca depende del oro negro polaco. Situada en la región o voivodato de Baja Silesia, en el suroeste polaco a pocos kilómetros de Dresde (Alemania) y la frontera checa, Praga alega que la mina está drenando el suministro de agua.
Sin acuerdo por el plan de recuperación polaco
La madre de todas las batallas, al menos la económica para Polonia, son los fondos de los planes de recuperación pandémica, que si se aprueba finalmente, Varsovia podría recibir hasta 23.000 millones de euros en subvenciones y 34.000 millones de euros en préstamos. La Comisión Europea, que había respaldado los proyectos presentados por 18 estados miembros, todavía se resiste a dar luz verde al plan de recuperación de Polonia. El principal obstáculo: el respeto al Estado de derecho y sobre todo al principio de primacía que garantiza la superioridad del Derecho europeo sobre el nacional.
