Un centenar y medio de académicos acaban de manifestar su preocupación a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por los procesos judiciales abiertos a 31 científicos mexicanos que ejercieron altos puestos dentro de la comunidad investigadora de México. Entre los que han defendido la rúbrica se encuentran científicos de todo el mundo que van desde Carlo Pietrobelli, profesor de Georgetown y Roma Tre, Nanditha Mathew de la Universidad de Pisa o Marina Fedorova científica en LifeArc de Londres. En la misiva consideran que los diferentes organismos, para los que han trabajado los acusados, «llevaron a cabo importantes iniciativas en la promoción del desarrollo científico y tecnológico de México. No obstante, se les ha acusado de actividades delictivas equivalentes a las de los cárteles de la droga, con sentencias que podrían llegar a los 80 años de prisión».
Además, han añadido que la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Conocimiento Científico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación Científica y Cultural de las Naciones Unidas, de Budapest en 1999 para exculpar a los académicos señalados que han promovido «el uso del conocimiento científico para el bienestar de poblaciones, por la paz y el desarrollo sostenibles».
Ya la pasada semana investigadores y académicos latinoamericanos de las facultades estadounidenses de Columbia, Harvard, Princeton y Stanford, a los que se une la francesa Sciences Po, coinciden en expresar «con gran preocupación» los intentos por parte de la Fiscalía General de la República de México para condenar a 31 científicos ya retirados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Es este mismo organismo el que ha promovido la denuncia contra los estudiosos. Gran parte de esta comunidad científica, que se pretende detener, también llegó a formar parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
Código de conducta
Para acallar posibles rumores sobre las instituciones de Gobierno, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentó hace varios días un nuevo Código de Conducta que exige a sus empleados y «grupos de evaluación de proyectos susceptibles de apoyos» que se abstengan «de emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt». Como es habitual en los discursos de López Obrador, se acusa a la anterior administración de corrupción que «antepusieron sus intereses particulares al interés general». Se les pide a los trabajadores de la ciencia «estar comprometidos, sobre todo, con la ética pública reivindicada por la Cuarta Transformación», un ideal hacia un nuevo régimen socialista que es el lema del presidente mexicano. Obviando que el juramento hipocrático de los científicos proferido por la UNESCO reclama «la existencia de un contexto social que favorezca la independencia y la responsabilidad de los investigadores».
Hace una semana las prestigiosas universidades repartidas por occidente alzaban la voz al unísono para condenar «cualquier esfuerzo por crear un clima de intimidación hacia personas dedicadas al quehacer científico». Entorno a esta proclama han expresado «seguir con gran preocupación los esfuerzos de la Fiscalía para arrestar y procesar» a sus colegas mexicanos a los que se señalaba por lavado de dinero y crimen organizado. Delitos que conllevan penas de entre 20 y 40 años de prisión.
Para mostrar el perfil de los acusados, nos encontramos a Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, desde el 2013 hasta el 2018, y que también ocupó el puesto de director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas durante ocho años.
Peculado -quedarse con fondos públicos que debían administrar-, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada forman parte de los cargos que se imputaban a estos hombres y mujeres de ciencia. Con esta orden de aprehensión, tal y como narra el rotativo ‘El Universal’ se pretendía encerrar a los estudiosos en ‘El Altiplano’, un penal de máxima seguridad en el Estado de México. Finalmente, Gregorio Salazar, un juez adscrito a la cárcel a la que iban a ser enviados, no vio delito alguno.
Valencía judicial
Por ello, 34 científicos entre los que se encuentran Alberto Díaz Cayeros, director del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Stanford, María Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia, y Steven Levitsky, director del Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller, perteneciente a Harvard, emitieron un comunicado conjunto en el que aplaudían «la valentía judicial» sin ceder «a las presiones políticas para aceptar una orden de aprehensión basada en argumentos legales dudosos», según sus palabras.
Por otro lado, el portavoz de la Presidencia, Jesús Ramírez, dejó entrever la postura de la Administración Obrador manifestando, mediante diversos tuits, que científicos pertenecientes al Foro Consultivo Científico y Tecnológico se gastaron casi 19 millones de euros en tintorería, comidas, viajes y salarios. E hizo hincapié que durante 16 años recibieron 23 millones de euros, pero sólo cuatro fueron a parar a proyectos científicos y tecnológicos. Y es que la Fiscalía basa su acusación en que el dinero público debería ir a parar «exclusivamente a aquellos proyectos de apoyo de la investigación científica y tecnológica, desarrollo tecnológico e innovación».
El gobierno también quiso resaltar que «no persigue a científicos ni a nadie, pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano». El exdirector adjunto de asuntos jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia, José Rodrigo Roque, quiso recordar al medio económico ‘El Financiero’, que a pesar de que la Fiscalía quedó prácticamente inhabilitada para acusar a los investigadores con las mismas pruebas y delitos, advierte que no cesarán en su intento de meterlos en la cárcel. De hecho, la Fiscalía ha pedido la comparecencia de 5 de los 31 científicos a los que se les informará de los delitos en su contra. El pasado miércoles Gabriela Dutrénit Bielous, coordinadora del Foro Consultivo y Científico, acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para conocer la carpeta de investigación en su contra por un supuesto desvío de casi diez millones de euros.
