El deterioro del clima democrático en el mundo y las urgencias de la presente crisis debida a la pandemia ha hecho aumentar en Latinoamérica el deseo de gobiernos fuertes, aún a costa de valores nucleares en un sistema de democracia parlamentaria. En una década se ha doblado la tolerancia a que los gobiernos den «golpes» para incrementar su dominio político, rompiendo el conveniente equilibrio que los presidentes de los países deben mantener con el poder legislativo y el judicial.
Así, casi un tercio de la población está hoy de acuerdo con un «autogolpe» civil que refuerce la autoridad y margen de gestión gubernamental, según los resultados de una de las principales encuestas sociopolíticas de la región, el Barómetro Américas de la Universidad Vanderbilt, de Estados Unidos.
Si una década atrás, en 2010, solo el 14% de los latinoamericanos estaba de acuerdo en que, para resolver una crisis, el poder Ejecutivo gobernara sin tener en cuenta al congreso o la asamblea nacional, en 2021 la cifra ha alcanzado el 30%, después de ir subiendo paulatinamente en los últimos años, a medida que las llamadas democracias iliberales han ido ganando en normalidad dentro del paisaje político e institucional. También concuerda con la tendencia hacia el hiperpresidencialismo que se observa en la región, con la proliferación de reformas para eliminar límites a la posibilidad de reelecciones presidenciales.
Ese deseo de un gobierno fuerte que allane las trabas a la actuación presidencial es más alto en El Salvador, con un apoyo del 51% (el 56% de los salvadoreños defiende además que haya un líder fuerte que haga caso omiso de las normas políticas), lo que explica la amplia aceptación que de momento mantiene Nayib Bukele. Le sigue Perú, con un apoyo del 45%, que vendría dado por la sensación de inestabilidad derivada de la rápida sucesión de presidentes en pocos años, a veces desbancados por el Congreso.
No obstante, la tolerancia hacia un golpe militar que arregle la situación no ha aumentado en esta década, aunque sigue siendo elevada. En 2021 el 40% de la población dice que aceptaría esa acción militar para corregir una situación de alta corrupción, el mismo porcentaje de hace diez años, aunque tres puntos por encima de lo que señalaba la encuesta de 2018-2019.
Satisfacción democrática y sistema electoral
En el último año, por otra parte, se ha recuperado ligeramente el apoyo a la democracia (en 2010 era del 68% y había caído al 58% entre 2016 y 2019; en 2021 ha subido al 61%), así como la satisfacción con la democracia (en 2010 era del 57% y en 2019 había bajado hasta el 39%; ahora está en el 43%). Perú es el penúltimo país en satisfacción con la democracia (21%), situación que solo está peor en Haití (11%).
El hecho de que El Salvador sea el segundo país con mejores registros en ambas mediciones, por detrás de Uruguay, que objetivamente es el país con mayor salud democrática, puede tener que ver con la percepción de que la situación económica no ha empeorado tanto y de que la inseguridad alimentaria no es tan extrema (El Salvador es el país con una menor sensación de agravamiento de la crisis). No obstante, también puede desvelar un distanciamiento entre lo que el ciudadano hoy cree que es democracia y lo que esta en realidad venía significando.
Por su parte, la confianza en el sistema electoral también se ha recuperado algo en el último año (en 2012 era del 44% y había caído al 38% en 2018-2019; ahora está en el 42%), si bien las diferencias de opinión según los países explican parte del desasosiego político que se vive en algunos de ellos.
Así, en Colombia solo el 22% de la población confía en el sistema electoral y el 31% (la cifra más alta de la región, por delante de Nicaragua y Paraguay) afirma que los votos nunca se cuentan correctamente. Además, también el 50% de los colombianos estima que los ricos siempre compran las elecciones y el 40% piensa que los políticos siempre pueden saber lo que la gente ha votado (en ambas cuestiones el dato solo es peor en Paraguay).
