No hace tanto tiempo que la posibilidad de reelección presidencial era una anomalía en Latinoamérica, donde la mayor parte de los países accedieron a la democracia a comienzos de la década de 1990 con sistemas que prohibían la reelección. Cuando se cumplen veinte años de la Carta Democrática Interamericana, justamente aprobada en 2001 como respuesta a la experiencia autoritaria de Fujimori en Perú, quien abrió la ola de las reelecciones presidenciales, encontramos una región con muchas democracias devaluadas (incluso algunas dictaduras) en las que la reelección consecutiva primero, e ilimitada después, ha sido un elemento sustancial del deterioro institucional.
Como no podía ser de otra forma, vistos los precedentes de Hugo Chávez, Daniel Ortega, Evo Morales y Rafael Correa, el populismo y su connatural aspiración de permanecer en el poder está llevando a Nayib Bukele a procurar también su prolongación en la presidencia de El Salvador. Ese objetivo lo está buscando en dos direcciones: por un lado, la Corte Suprema, cuya renovación forzó en mayo el propio Bukele, ha declarado legítima la reelección consecutiva, contraviniendo la Constitución, que solo la admite de modo diferido; por otro, una propuesta de reforma constitucional del Gobierno pretende alargar el mandato presidencial de cinco a seis años.
La decisión contraria ha sido tomada en Colombia, cuyo Congreso ha desestimado una iniciativa de un grupo de diputados que pretendía aumentar el periodo presidencial (y el de los demás cargos electos) de cuatro a cinco años. El presidente Iván Duque se desmarcó de esa propuesta desde el principio, valorando el paso atrás que Colombia ya dio al revertir la reelección presidencial introducida con Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos y que ha quedado prohibida desde su propio mandato.
La reelección presidencial consecutiva no favorece ni perjudica por sí misma la democracia, lo que ocurre es que en los países latinoamericanos en los que se introdujo el populismo, como primer paso para una reelección ilimitada, ha conducido a un grave deterioro de las condiciones democráticas, en un marco de hiperpresidencialismo y eliminación de contrapoderes. Coincide que los países con mayor calidad institucional y democrática de la región –Chile, Uruguay y Costa Rica– prohíben la reelección consecutiva y la admiten de modo diferido. En cualquier caso, como ha dejado claro este verano la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ningún mandatario puede invocar la posibilidad de reelección como un derecho universal.
El Salvador y Colombia
A través de su vicepresidente, Félix Ulloa, Bukele ha dejado sobre la mesa una reforma constitucional que en el fondo supone una nueva Constitución, ya que plantea introducir 215 enmiendas en un texto que cuenta con 274 artículos. De esta forma, sin necesidad de convocar una Asamblea constituyente, pues su partido ya controla de manera absoluta la Asamblea legislativa, Bukele pretende el cambio de reglas de juego que, con sus nuevas constituciones, hicieron Chávez, Correa y Morales.
Además de que la reforma podría incorporar directamente la reelección presidencial que el pasado viernes la Sala Constitucional de la Corte Suprema dio por lícita, también contempla ampliar de cinco a seis años el periodo presidencial, justificándolo en la conveniencia de que las elecciones legislativas y municipales, que son cada tres años, unas veces coincidan con elecciones presidenciales y otras sean justo a medio mandato. La reforma debe ser aprobada por la actual Asamblea y ratificada en 2024 por la siguiente; aunque se trata de plazos ajustados, Bukele podría beneficiarse ya de un sexto año ese mismo 2024, antes de optar a un segundo mandato.
La razón de ahorro económico, también esgrimida en El Salvador, ha sido el principal argumento utilizado en Colombia por 25 congresistas de varios partidos (la mayoría oficialistas) para solicitar que tanto el mandato del presidente y de los legisladores (ahora de cuatro años) como de los gobernadores y alcaldes (su periodo aumentó de tres a cuatros en 2002) pasara a ser de cinco años. Para ello el mandato de Duque y el de los actuales congresistas debía prolongarse dos años (o elegir sustitutos para un periodo transitorio de dos años), y así coincidir todas las elecciones desde 2024.
Advertencia de la Corte Interamericana
En un pronunciamiento de este mes de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó que limitar el número de mandatos conculque los derechos humanos de los políticos, si esa limitación se ajusta al principio de legalidad nacional, como adujeron los partidarios del presidente de Honduras, Juan Carlos Hernández, al promover su reelección para un segundo mandato o los de Morales en Bolivia para su elección por cuarta vez consecutiva como presidente. Precisamente, además, la CIDH se manifestó en contra de la reelección presidencial indefinida en el sistema presidencial común a toda América.
La reelección indefinida, vigente en Venezuela y Nicaragua (fue intentada por Morales en Bolivia, y en Ecuador un referéndum la eliminó cuando Correa dejó el poder), «es contraria a los principios de una democracia representativa», según indicó la Corte en un comunicado. También precisó que «tomando en cuenta la concentración de poderes que tiene la figura del presidente en un sistema presidencial, la restricción de la posibilidad de reelección indefinida es una medida idónea»; «la falta de limitaciones a la reelección presidencial conlleva el debilitamiento de los partidos y movimientos que integran la oposición».
