BY: MARLEY PARISH – NOVEMBER 22, 2021 2:30 PM
Bajo un cielo despejado, los defensores de la educación se reunieron en los escalones del Capitolio el miércoles para entregar un mensaje a los legisladores de Pensilvania: Está lloviendo en las escuelas públicas.
“Para los distritos escolares de todo el estado de Pensilvania, no está lloviendo, ya es un condenado huracán,” dijo el reverendo Dwayne Royster, director ejecutivo de POWER Interfaith, una organización de base de congregaciones estatales, a más de 100 manifestantes con carteles hechos a mano.
Agregó: “Hemos venido a decir la verdad a aquellos que están en la autoridad hoy; o hacer lo correcto por nuestros hijos o encontrar nuevos trabajos.”
A cuadras de distancia, en la Corte del Estado, Tara Yuricheck, maestra de historia de quinto grado en el Distrito Escolar de Panther Valley, testificó en el juicio de financiamiento escolar, que podría cambiar la forma en que el estado paga por la educación de K-12.
Cuando un abogado le preguntó a los demandantes en el caso si ella tiene los recursos para llegar a cada estudiante que pasa por su aula, Yuricheck respondió: “No.”
El Distrito Escolar de Panther Valley, que le sirve a familias en los condados de Schuylkill y Carbon, es uno de los seis distritos escolares demandantes que han demandado a funcionarios estatales y departamentos del poder ejecutivo para impugnar cómo la Asamblea General asigna dinero a los 500 distritos escolares del estado.
El caso, inicialmente desestimado por la Corte del la mancomunidad en el 2015 y revivido por la Corte Suprema Estatal en el 2017, enfrenta a las escuelas, un grupo de padres, la conferencia estatal de la NAACP y la Asociación de Escuelas Rurales y Pequeñas de Pensilvania, contra el Gobernador Tom Wolf, el Presidente Pro Tempore del Senado Jake Corman, el Republicano del Centro, el presidente de la Cámara de Representantes Bryan Cutler, el Republicano de Lancaster, el Departamento de Educación, la Secretaria de Educación Noe Ortega y la Junta Estatal de Educación.
Los demandantes, representados por el Education Law Center, el Public Interest Law Center y el bufete de abogados privado O’Melveny & Myers, con sede en Los Ángeles, afirman que la Legislatura mantiene un sistema de financiamiento escolar desigual al usar datos de población de principios de la década de 1990 para asignar fondos educativos. No piden una cantidad específica de dólares en su demanda; sin embargo, han solicitado la regla de la corte que la Asamblea General promulgue una nueva forma de pagar la educación pública.
Aunque Pensilvania haya adoptado una fórmula de financiamiento justa para las asignaciones en el 2016, solo se aplica al nuevo financiamiento de la educación.
Los peticionarios argumentan a favor de un aumento en los fondos estatales generales para la educación, diciendo que la distribución justa es necesaria para que los legisladores defiendan la cláusula de educación en la constitución estatal, que acusa a los legisladores de proporcionar un “sistema completo y eficiente.” Los peticionarios argumentan que las prácticas actuales de asignación, que ellos describen como “inadecuadas e irracionalmente distribuidas”, violan la Constitución del estado.
Yuricheck, también madre de dos estudiantes de Panther Valley, creció en el distrito, y mientras testificó que se preocupa por sus estudiantes, la falta de recursos la ha dejado luchando para atender las necesidades de cada niño. Usando libros de texto obsoletos en un aula con 34 estudiantes, no puede llegar a todos.
Mientras se sentaba en la corte el miércoles, Yuricheck dijo que sus colegas se quedaron para cubrir sus clases, dejándolos sin tiempo programado para preparar las lecciones, responder a las preguntas de los padres y programar reuniones, un ciclo exacerbado por la pandemia de COVID- 19.
“Tiene sus desafíos”, dijo sobre su experiencia enseñando en el distrito, y agregó que”hay mucho más que quiero hacer por los niños, y simplemente no puedo”.
Aunque es un acusado en el caso y ha elogiado inversiones anteriores en educación hechas por la Asamblea General, Wolf está de acuerdo en que las disparidades de financiamiento afectan el éxito de los estudiantes, y ha pedido a la Legislatura que administre todos los fondos de educación a través de la fórmula modernizada.
La semana pasada, los abogados de Cutler y Corman dijeron que el poder legislativo excede su mandato constitucional al invertir más en la educación cada año.
Pero los organizadores fundamentales que se reunieron en los escalones del Capitolio dijeron que los legisladores no han hecho lo suficiente y emitieron un cargo a los líderes legislativos para administrar todos los fondos de educación a través del modelo de financiamiento justo para garantizar un financiamiento equitativo para cada estudiante.
“La próxima vez que lleguemos a estos pasos, llamaremos a su puerta”, dijo Jennifer Mattson, una reverenda y madre del condado de Lancaster. “Y no nos detendremos hasta que lo único que te queda por hacer para silenciarnos es arrestarnos.”
Mattson agregó: “Y si eso continúa sin llamar tu atención para que hagas lo correcto, entonces haremos lo único que sabemos que llamará tu atención: te expulsaremos.”
Author: Amaury Abreu
