Las elecciones de este domingo en
Chile
son las más importantes en la historia reciente del país. No solo están confrontados proyectos políticos muy antagónicos representados en siete candidatos, sino además se produce en medio de un proceso constituyente que es resultado de las masivas y a veces violentas movilizaciones de hace dos años. El presidente Sebastián Piñera, debilitada, esquivó hace menos un juicio de destitución. De fondo, una crisis sanitaria que amenaza con una nueva ola de contagios, así como indicadores económicos que no son alentadores.
Los 14 millones de chilenos habilitados para votar elegirán al nuevo presidente por el periodo 2022-26, a los 155 integrantes de la Cámara de Diputados, la renovación parcial de 29 escaños del Senado y más de 300 cupos para consejeros regionales. Pero la posibilidad de que haya un alto abstencionismo está latente. En las elecciones más votadas de este último ciclo realizadas en octubre de 2020, cuando se plebiscitó la continuidad de la Constitución heredada de la dictadura, solo concurrió a las urnas el 50 por ciento de los votantes. La participación volvió a caer a menos del 50 por ciento en las votaciones de mayo pasado para elegir a los 155 integrantes de la Convención Constitucional, los más de 340 alcaldes, concejales y los 16 gobernadores regionales.
Del mismo modo el escenario electoral es difícil de predecir por las empresas encuestadoras, que no han logrado acertar en sus pronósticos -más bien han estado lejos de los resultados finales- por el cambio del sistema electoral, la introducción del voto voluntario y el nuevo mapa distrital y de circunscripciones. Por ello muchos analistas y expertos electorales hablan de un «escenario abierto» o de «resultados inciertos» para este domingo; a lo que agregan el diagnóstico de un ambiente «crispado» o «polarizado» por las rudezas de las campañas electorales y las propuestas de los candidatos.
Siete candidatos
De izquierda a derecha: Gabriel Boric, del partido Apruebo Dignidad, Sebastian Sichel, del partido Chile Podemos, José Antonio Kast , del Partido Republicano, y Yasna Provoste, de Unidad Constituyente
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AFP
Aun así, las proyecciones apuntan a que la competencia está centrada en cuatro de los siete candidatos presidenciales. A la cabeza de la carrera estaría el joven diputado y exdirigente estudiantil Gabriel Boric, que lidera una alianza entre el izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista. El pacto ‘Apruebo Dignidad’ designó a Boric luego que éste venciera en una primaria en julio pasado al alcalde comunista Daniel Jadue y que congregó a 1 millón 700 votantes.
En fuerte competencia emergió durante los últimos dos meses el abogado y exdiputado José Antonio Kast, cuyas propuestas de extrema derecha han ganado terreno aunque no participó de las primarias de los partidos oficialistas de derechas, que fue ganada por el abogado independiente Sebastián Sichel, exministro de Piñera y también exmilitante de la opositora Democracia Cristiana cuando esta gobernaba con la presidenta Michelle Bachelet.
Sichel, sin embargo, inició una espiral de errores, como ocultar que había retirado parte de sus fondos previsionales cuando era ministro y el gobierno de Piñera se oponía a la medida, o un notorio distanciamiento del gobierno de Piñera y de sus partidos que, a fin de cuentas, eran sus principales apoyos. Parte de su base de sustentación electoral, como el conservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI), migró hacia la candidatura de Kast.
La exministra y expresidenta del Senado, Yasna Provoste, candidata de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, alianza que gobernó veinte años después de la dictadura, es la cuarta en competencia y su candidatura nació debilitada luego que saliera de carrera la postulante Ximena Rincón, que había ganado la competencia interna en su partido. Junto a ello, el Partido Socialista se ha visto sacudido por la salida de militantes que se han agrupado en torno a la candidatura de Boric.
Más atrás en las tendencias aparecen el independiente exsocialista y cineasta Marco Enríquez Ominami, que postula por cuarta vez al sillón presidencial; el economista Franco Parisi que vive en EE.UU. y no ha estado en Chile durante la campaña por tener un juicio pendiente por una millonaria deuda de pensión alimenticia de sus hijos; y el profesor maoísta Eduardo Artés, presidente de pequeño Partido Comunista Acción Proletaria.
Kast propone eliminar el Ministerio de la Mujer, cerrar el Instituto de DD.HH. y abrir una zanja en la frontera
No hay matices en las propuestas programáticas de gobierno. Mientras Boric postula un cambio en el modelo de desarrollo, el fin de las empresas administradoras de las pensiones, un seguro universal de salud y una reforma tributaria que aumente los impuestos a los más altos ingresos, Kast propone eliminar el Ministerio de la Mujer, cerrar el Instituto de Derechos Humanos, abrir una zanja en la frontera para frenar la migración ilegal y derogar el aborto por tres causales, entre otras medidas.
Cualquiera que gane la elección de este domingo o que tenga que pasar a una segunda vuelta el próximo 19 de diciembre, se hará cargo de un país que ha sufrido una caída del 6 por ciento del crecimiento como resultado de los impactos de la pandemia, así como un aumento del desempleo, la destrucción de puestos de trabajo y el crecimiento del empleo informal. También hay impactos del cambio climático, como una fuerte sequía en toda la zona productiva agrícola, que ha encarecido los alimentos y golpeado las exportaciones.
El nuevo presidente también deberá poner en marcha los acuerdos de la Convención Constitucional que serán dirimidos en un plebiscito previsto para julio del año próximo, así como la nueva institucionalidad, cuyos cambios aún están en debate. No menor es el problema de los brotes de violencia en La Araucanía, donde rige un estado de excepción que permite la intervención de militares.
Como sea, nadie cree que haya riesgos para la democracia chilena pero tampoco nadie duda de que Chile está en un proceso de transformaciones que las elecciones de este domingo encarrilarán al país hacia una nueva gobernabilidad, que deberá acoplarse con el proceso constitucional.
